La Justicia uruguaya recordó a Paraguay que solo puede juzgar al ex banquero José Peirano por las conductas por las cuales fue extraditado.
Según publica el portal El Observador de Uruguay, la jueza penal Isaura Tortora desestimó el pedido de la defensa de reintegrar a Peirano a Uruguay, pero exhortó a Paraguay a “extremar las medidas de seguridad a los efectos de preservar la integridad física del ciudadano uruguayo”.
Asimismo, la magistrada uruguaya reiteró la preocupación en cuanto a la protección de la integridad física del imputado, quien recientemente fue extraditado a Paraguay.
El exhorto de la Justicia de Uruguay se da luego de que a Peirano le hayan sido imputados más delitos de los que estaban contemplados dentro del acuerdo de extradición, algo que su defensa apeló.
El defensor Pablo Donnangelo planteó un pedido para que el ex banquero sea reintegrado a su país de origen ante el “no” respecto del acuerdo de extradición.
“Las obligaciones del Estado que entrega (Uruguay) no cesan con la entrega, sino que el Estado (Uruguay) continúa obligado en función del nacional que entregó para que el país requirente ajuste su accionar a la sentencia de extradición y al derecho internacional”, señaló el abogado.
El Ministerio Público paraguayo rechazó los recursos presentados por la defensa y ratificó la imputación por los delitos, alegando que el acuerdo de extradición, “admite la posibilidad de que la regla de especialidad no se aplique cuando los hechos/descripción fáctica por los cuales la persona fue entregada permitan imputarle otros delitos/crímenes diferentes, pero con la condición de que estos sean extraditables, es decir, que estén contemplados en la normativa internacional aplicable”.
José Peirano Basso fue extraditado recientemente al Paraguay y presentado ante los jueces Raúl Florentín y Clara Ruiz Díaz, quienes tienen las causas del Banco Alemán y de Fondos Mutuos, respectivamente.
En ambos casos, la defensa solicitó el arresto domiciliario, presentó un contrato de alquiler de la casa donde estará y ofreció una caución real a través de una constancia de que iban a enviar USD 2 millones, uno por cada causa. Sin embargo, los magistrados decretaron la prisión preventiva en ambos procesos.