Solo 42 de los 125 parlamentarios presentaron su declaración jurada

Ni la mitad de los 45 senadores y 80 diputados que asumieron sus funciones el pasado 1 de julio presentaron hasta ahora sus respectivas declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de la República. El ente contralor comunicó, no obstante, que el plazo para la presentación de esta obligación constitucional vence el próximo 19 de julio, por lo que seguirán aguardando los informes.

De acuerdo con los datos extraoficiales dados a conocer hasta el mediodía de ayer, solo 22 diputados y 20 senadores cumplieron con la ley hasta ahora. ÚH accedió solamente a una lista parcial extraoficial de los 42 que presentaron su declaración jurada de bienes. (Ver infografía).
Muchos parlamentarios lo hacen después de la fecha estipulada en la propia Constitución Nacional.
De acuerdo con lo que establece el artículo 104 de la Carta Magna, los parlamentarios que asumieron el cargo deben presentar su declaración jurada de bienes en un plazo de 15 días a partir de su asunción al cargo.
La misma obligación deben cumplir los que dejan el cargo, según la Constitución.
“Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular; los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en general, quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado, estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los 15 días de haber tomado posesión de su cargo, y, en igual término, al cesar en el mismo”, expresa el artículo constitucional.
Los legisladores asumieron oficialmente el pasado 1 de julio. El plazo vence el viernes 19, porque la presentación se debe hacer en días hábiles, según la Contraloría.
Según fuentes legislativas, los dos presidentes de las cámaras del Congreso, Julio Velázquez (ANR) y Juan Bartolomé Ramírez (PLRA), tampoco habrían entregado su declaración.
La diputada Cynthia Tarragó, una de las nuevas legisla- doras que asumieron para este periodo parlamentario, dijo ayer que cumplió lo que indica la Carta Magna para demostrar transparencia en su gestión.
El no cumplimiento de esta obligación constitucional no implica sanción alguna, ya que el Congreso archivó un proyecto de ley que buscaba establecer castigo a los que no cumplían el requisito. El proyecto pretendía establecer multas de 300 jornales mínimos, que equivalen a más de G. 15 millones, a aquellos funcionarios que no entregan su declaración jurada a tiempo.
También se establecía, según el caso, cesantía e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de 10 años.
El proyecto fue aprobado en Diputados, pero en el Senado no se pudo tratar y fue remitido al archivo, mediante una maniobra del entonces titular del Congreso, Jorge Oviedo Matto.
Esta decisión derivó en sendas críticas hacia el Legislativo.
Fuente; UH