«Se dejó pasar el tiempo, para que los traficantes recuperen la droga»

En 2004 firmó la captura de Fahd Yamil y ahora la de los concejales involucrados con los 252 kilos de cocaína. José Valiente es uno de los pocos magistrados contra quien no hay denuncias de corrupción. «Se cometieron muchas irregularidades», dice.

Por Andrés Colmán Gutiérrez

@andrescolman

Fue periodista de la emisora Radio Cáritas, y no lo olvida. Desde hace 14 años ejerce como juez de garantías en Pedro Juan Caballero y acaba de hacerse cargo del caso de los 252 kilos de cocaína decomisados en Fortuna Guazú, que luego fueron robados de la Jefatura de Policía del Amambay. Una de sus primeras determinaciones fue ordenar la prisión preventiva de los dos concejales departamentales involucrados, José Bogado (ANR) y César Quevedo (PLRA), lo cual ocasionó un gran revuelo político en la región. Hace 10 años, José Valiente hizo honor a su apellido y dictó la captura del poderoso «padrino» Fadh Yamil, debiendo exiliarse por más de un mes en la capital, ante las amenazas recibidas.

¿Cómo califica el caso de los 252 kilos de cocaína?

-Es un caso realmente problemático para el Estado. Habla muy poco de que la Ley impere en la frontera y evidencia la vulnerabilidad de las instituciones en la zona. Lamentamos esta situación y tratamos de aunar esfuerzos con los nuevos fiscales investigadores, desde este juzgado que está tomando intervención, para tratar de levantar a una institución tan golpeada por este caso, como la Policía Nacional. Realmente se evidencia el poder fáctico que tiene el crimen organizado, aquí en la frontera.

-¿Hubo irregularidades en la actuación fiscal y judicial, en este caso?

-En este caso concreto, a mi criterio muy particular, la Fiscalía no inició las investigaciones como corresponde, desde el momento de la incautación de la droga. Se mencionó a personas, a concejales departamentales, que recién a diez días de ocurrido el hecho fueron imputados. No se realizó ninguna diligencia para tratar de esclarecer el lugar donde cayó la droga. ¿Quienes fueron las personas que escoltaron la carga? No se identificó a esas personas, no se las llamo a declaración indagatoria, no se pidieron informes a las empresas de telefonía celular para hacer un rastreo de llamadas. Hay una cantidad de diligencias que no se hicieron, y que recién ahora los nuevos fiscales están realizando. Así se dejó pasar un tiempo muy precioso, permitiendo al crimen organizado mover sus tentáculos y recuperar la droga.

-Se cuestiona que la droga haya sido guardada en la Policía y no en el búnker de la Senad. ¿Que correspondía hacer?

-El procedimiento lo realizó Antinarcóticos de la Policía. Ellos tienen también un local donde guardar evidencias. Generalmente, los fiscales y la policía te dicen cuando hay peligro, para trasladar de un lugar a otro. Cuando la Senad hace su procedimiento, se guarda en la bóveda de la Senad. Efectivamente, es llamativo que se haya decidido trasladar a la Jefatura de Policía, cuando allí no se tiene un lugar especial dedicado a tal efecto, porque es una oficina administrativa. Correspondía al jefe de dicha repartición adoptar las medidas necesarias, con una dotación policial suficiente, para resguardar la droga. Eso es elemental, pero no se hizo.

-También se critica que la droga no haya sido incinerada a tiempo. ¿Qué establece la Ley?

-La ley 1340/88 establece un plazo de 48 horas. La nueva ley, del Código Procesal Penal, estable un plazo inmediato de cinco días de anticipación, vía anticipo jurisdiccional de pruebas. O sea, yo juez tengo que fijar una fecha de incineración de drogas, por lo menos con seis días de anticipación, para que se notifique a todas las partes, se traiga a un defensor público, o al defensor si hay imputados, para participar de esa diligencia. Se labra un acta y sirve como prueba. En este caso, el juez que atendió primero la causa respondió al pedido de la Fiscalía, que el lunes 12 solicitó la incineración. El juez Luis Benítez, el 14 de enero admitió ese pedido y fijó para el 20 la incineración, pero la cocaína fue sustraída de la Jefatura de Policía el 17.

-Hay gran cantidad de droga guardada en la Senad, de casos que llevan años. ¿Es una irregularidad?

-Sí, es una irregularidad. Justamente, la Senad me trajo unos datos con relación a las drogas incautadas. En mi juzgado casi no tenemos casos, pero si en otros juzgados. Vamos a ver si en esta feria judicial encontramos los expedientes y podemos incinerar esas drogas. Deberían haber sido destruidas en su momento, pero desconozco porque otros jueces de garantía, de Pedro Juan, Capitán Bado o Bella Vista, no realizaron las quemas en su momento.

-¿Hay avances en el combate a las drogas?

-Tenemos a 134 personas procesadas y detenidas por drogas en la Penitenciaría regional, de las cuales 61 corresponden a casos de marihuana, 34 a posesión y tráfico de cocaína y 39 a microtráfico. Del total, 18 ya fueron condenados en juicio oral y en procedimientos abreviados para los microtraficantes. También hay casos que lamentablemente han quedado en la impunidad, como el de los 450 kilos de cocaína, incautados ya hace tiempo, que por artimañas de los defensores y connivencia de algunos jueces, los autores del hecho recuperaron su libertad y ya no se les pudo aprehender. Quedó impune.

-¿Quiénes estaban involucrados en ese caso?

-Jorge Peña y otros, por un caso de posesión y tráfico de 450 kilos de cocaína, ocurrido en Cerro Cora-í, aquí cerquita de Pedro Juan Caballero. El procedimiento se hizo el 18 de junio de 2007. Fueron aprehendidos Jorge Peña, Víctor Hugo dos Santos, Juan Carlos Vidal dos Santos, quienes recuperaron su libertad y ya no se les pudo aprender. Lo que les dieron la libertad fueron abogados del foro, que actuaron como jueces ad hoc, ante la recusación o inhibición de los jueces ordinarios. En la feria judicial siempre se utiliza esta figura. Ahora dos de ellos están nuevamente presos en Campo Grande, Brasil, por tráfico de cocaína. No hubo sanción contra los abogados que liberaron a estos traficantes. La Corte Suprema ahora ha ordenado un sistema de sustitución de jueces, en caso de recusación e inhibición, para evitar caer en estas situaciones lamentables.

-¿Un caso así es prueba de la vulnerabilidad del sistema judicial, ante el gran poder los narcopolíticos?

-El sistema es vulnerable porque algunos jueces se prestan. Ya sean camaristas o jueces de primera instancia, se prestan a estas maniobras. Aquí tenemos tres casos de entrega: el de los 252 kilos de cocaína de la Policía, otro caso de devolución o hurto de motor de avión de narcos en el depósito de la Fiscalía, y también de devolución de dinero por un caso de lavado, en un hecho ocurrido en Capitán Bado, por más de 500 mil reales. Son situaciones lamentables, que ojalá con esta situación se puedan acabar, haciendo las correcciones necesarias.

-¿Es muy difícil ser juez en una sociedad donde hay gran presencia del crimen organizado, con muchas presiones y amenazas?

-Sí, es difícil realizar nuestro trabajo aquí en la zona fronteriza del país. Tenemos presiones y amenazas. Más de una vez tuve que ir un mes a Asunción, bajo resguardo, atendiendo a que sufrí amenazas luego de dictar la captura de Fahd Yamil en el 2004, a pedido del juez brasileño Odilón de Oliveira. También hemos expulsado a más de 20 personas, requeridas por la Justicia brasileña, grandes traficantes. Todas esas situaciones crean problemas, ciertamente. Tenemos varias limitaciones como magistrado, ya que vengo de mi casa al Palacio o a la Universidad, casi no tengo vida social. Es una situación complicada y en realidad no hay una protección efectiva contra el crimen organizado. La mejor protección es hacer bien el trabajo, no meterse en problemas, ni en connivencia con la gente. Entonces ellos tampoco te crean problemas. De todas maneras, en el momento en que hay que actuar, hay que ponerse los pantalones y hacer el trabajo como corresponde. Cumplir nuestro deber, pese a las amenazas que se puedan recibir.

Fuente: UH